Acto fue aprovechado por Rodrigo Chaves para anunciar su intención de consultar a la Corte si su proyecto de ley sobre “pensiones de lujo” se apega a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El informe de la Comisión de la ONU desvela la profundidad de los crímenes, como torturas y tratos inhumanos, cometidos por el anterior gobierno durante la primera década de la guerra siria, los cuales han dejado traumas físicos y psicológicos duraderos, tanto para los supervivientes como para sus familias.
Trump, quien volvió a asumir la presidencia el pasado 20 de enero de 2025, también bromeó en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle sobre extender su mandato, generando especulaciones respecto a su futuro político.
El procedimiento interno no cumplió con los requisitos del derecho a un proceso justo, lo que privó a la demandante de la posibilidad de impugnar eficazmente los informes policiales que eran la única prueba, si no decisiva, que constituía la base de las multas que se le impusieron. Esto se debió a que el marco jurídico aplicable y la jurisprudencia de los tribunales nacionales no permitieron que la demandante hiciera comparecer a sus testigos.
Se juzga que el Consejo Superior de la Judicatura no disipó las dudas legítimas que el exjuez albergaba en cuanto a la imparcialidad del presidente de dicho órgano, y que el demandante no contó con garantías procesales suficientes a este respecto.
La demanda aduce que dicha orden ejecutiva contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
En la demanda, los fiscales generales alegan que la orden ejecutiva vulnera disposiciones constitucionales y genera el riesgo de que existan personas nacidas en Estados Unidos que carezcan de nacionalidad. Los demandantes sostienen que la medida afecta el principio de ciudadanía establecido en la Constitución.
El Código de Conducta original fue adoptado en 2016 y firmado inicialmente por varias empresas tecnológicas, entre ellas, Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube. Posteriormente, otras plataformas han suscrito este compromiso. Desde su implementación, el marco normativo ha sido sometido a revisiones periódicas con el objetivo de mejorar su eficacia.
La demanda presentada por el exmilitar se originó tras la emisión de un segmento televisivo en 2021, en el programa The Lead de CNN. En dicho segmento, se presentó al demandante como un individuo que presuntamente cobraba tarifas «exorbitantes» a personas afganas que deseaban escapar del país durante el proceso de retirada de tropas estadounidenses en Afganistán.
Estando de por medio una relación de consumo, el principio de las cargas dinámicas es llevado a su máxima expresión. El proveedor tiene una obligación legal que consiste en colaborar con el esclarecimiento de la situación litigiosa. En consecuencia, todo silencio, reticencia o actitud omisiva, se constituirá en una pauta que afectará dicha obligación legal, con la consecuente presunción de certeza sobre la versión que sustenta la pretensión del consumidor.
El documento subraya la necesidad de una intervención internacional para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y prevenir el agravamiento de la situación de seguridad. Según el informe, de no adoptarse medidas inmediatas, existe el riesgo de que las organizaciones delictivas amplíen su control territorial, lo que dificultaría las medidas gubernamentales e internacionales.
