La mera existencia de una obligación matrimonial de este tipo es contraria a la libertad sexual, al derecho de disponer del propio cuerpo y a la obligación positiva de los Estados contratantes de prevenir la violencia doméstica y sexual. A juicio de este Tribunal, el consentimiento al matrimonio no implica el consentimiento a relaciones sexuales futuras.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad un recurso de amparo relativo al potencial conflicto, a raíz de la publicación de un texto en la sección de ocio (“Cuentos de verano”) de un periódico, entre el derecho fundamental al honor de la recurrente (art. 18.1 CE) y el derecho a la producción y creación literaria del periodista autor de la pieza y de la sociedad mercantil editora del diario [art. 20.1 b) CE].
La Corporación Latinoamericana señala en su Informe que los datos dan cuenta de que “existe una base importante y mayoritaria de apoyo a los partidos políticos, el Congreso y la oposición como componentes indispensables de una democracia, pero simultáneamente entregan la preocupante cifra de que hay importantes minorías que opinan lo contrario”.
El día 25 de enero de 2025 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Tomás de la Quadra-Salcedo en el cual el autor considera que cuando la ley deja lagunas sin cubrir, los jueces tienen que esforzarse en contrastar sus convicciones intuitivas o emocionales para verificar que encajan con una interpretación integral del ordenamiento y del pluralismo de valores.
El informe de la Comisión de la ONU desvela la profundidad de los crímenes, como torturas y tratos inhumanos, cometidos por el anterior gobierno durante la primera década de la guerra siria, los cuales han dejado traumas físicos y psicológicos duraderos, tanto para los supervivientes como para sus familias.
Trump, quien volvió a asumir la presidencia el pasado 20 de enero de 2025, también bromeó en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle sobre extender su mandato, generando especulaciones respecto a su futuro político.
El procedimiento interno no cumplió con los requisitos del derecho a un proceso justo, lo que privó a la demandante de la posibilidad de impugnar eficazmente los informes policiales que eran la única prueba, si no decisiva, que constituía la base de las multas que se le impusieron. Esto se debió a que el marco jurídico aplicable y la jurisprudencia de los tribunales nacionales no permitieron que la demandante hiciera comparecer a sus testigos.
Se juzga que el Consejo Superior de la Judicatura no disipó las dudas legítimas que el exjuez albergaba en cuanto a la imparcialidad del presidente de dicho órgano, y que el demandante no contó con garantías procesales suficientes a este respecto.
La demanda aduce que dicha orden ejecutiva contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
En la demanda, los fiscales generales alegan que la orden ejecutiva vulnera disposiciones constitucionales y genera el riesgo de que existan personas nacidas en Estados Unidos que carezcan de nacionalidad. Los demandantes sostienen que la medida afecta el principio de ciudadanía establecido en la Constitución.
El Código de Conducta original fue adoptado en 2016 y firmado inicialmente por varias empresas tecnológicas, entre ellas, Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube. Posteriormente, otras plataformas han suscrito este compromiso. Desde su implementación, el marco normativo ha sido sometido a revisiones periódicas con el objetivo de mejorar su eficacia.
