El Tribunal estableció que el derecho a la identidad está relacionado con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Este derecho implica atribuir jurídicamente a todo ser humano la aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones.

Previo a esta ley, Zimbabue mantenía un estatus de moratoria de facto sobre la pena de muerte, ya que la última ejecución se realizó hace casi 20 años. No obstante, no existía una declaración formal que prohibiera su aplicación, ni tampoco una derogación de las disposiciones legales que la contemplaban.

Los ataques contra instalaciones médicas podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario en lo relativo a la protección de infraestructuras sanitarias durante conflictos armados. Asimismo, señala que tales acciones podrían interpretarse como actos de castigo colectivo, lo cual está tipificado como crimen de guerra bajo las normas internacionales aplicables.

La resolución incluye, además de la multa, la obligación de cesar la recopilación de datos personales de usuarios que hayan restringido la visibilidad de su información en LinkedIn y de eliminar los datos obtenidos mediante tales prácticas. En caso de que no sea posible distinguir dichos datos, la empresa deberá informar a las personas afectadas y permitirles ejercer su derecho de oposición.

El caso será revisado por la Corte Suprema, que ha programado la audiencia de argumentos orales para el 10 de enero de 2025. En esta instancia, se determinará si la ley de desinversión contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y si las medidas adoptadas son proporcionales a los riesgos invocados por el gobierno.

La jurisprudencia constitucional ha aplicado un enfoque de libertad probatoria en el análisis de los requisitos legales que se exigen para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del cual ha aceptado que las personas acrediten su cumplimiento, aportando las pruebas pertinentes y conducentes para tal fin.

El Código del Medio Ambiente y el Código Rural establecen condiciones específicas para la detención, transporte e importación de especies no domésticas, incluidas las prohibiciones para garantizar su bienestar. En tercer lugar, la Ley N° 2021-1539 estipula que a partir del 2 de diciembre de 2026 estará prohibida la detención y reproducción en cautiverio de cetáceos, salvo en refugios reconocidos como santuarios.

En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas.

De conformidad con la ley y las reservas de interpretación del Consejo Constitucional, el decreto no autoriza ni la captura de sonido ni el uso del reconocimiento facial para el procesamiento de las imágenes recopiladas ni las comparaciones, interconexiones o conexiones automatizadas con otros archivos. El uso de las imágenes también deberá limitarse a lo estrictamente necesario y el plazo de conservación de los datos deberá limitarse a siete días.

Los Estados tienen la obligación de facilitar la participación de las mujeres de edad en el trabajo remunerado sin que sean discriminadas por motivos de su edad o sexo. Deben velar por que se preste especial atención a atender los problemas que puedan afectar a las mujeres de edad en su vida laboral y por qué no se las obligue a jubilarse anticipadamente o a aceptar soluciones similares.