Los recursos recaudados mediante este mecanismo se destinarán a financiar proyectos prioritarios para la adaptación climática, tales como, la modernización de infraestructuras críticas, sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, programas relacionados con los efectos del cambio climático en la salud pública, y la restauración de ecosistemas naturales como humedales.

Los actos jurídicos controvertidos se ubican en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión (PESC): la organización, dirección o participación en manifestaciones violentas u otros actos de violencia pueden justificar una acción de la Unión en ese ámbito para consolidar y apoyar la democracia y el Estado de Derecho en un país tercero.

El reglamento también contempla disposiciones relativas a la interoperabilidad de la tecnología de carga rápida. Los dispositivos deberán garantizar un nivel uniforme de velocidad de carga al utilizar cualquier cargador compatible, en aras de asegurar la estandarización técnica.

La Audiencia Provincial de Bizkaia rechazó conceder autorización judicial para utilizar el esperma de un varón fallecido en un accidente para inseminar a su pareja al no existir un consentimiento del finado para su utilización post mortem. El ordenamiento jurídico español permite la reproducción asistida post mortem sujeta a dos condiciones: el consentimiento y su utilización en el plazo de doce meses.

El Derecho Animal, como una rama emergente del Derecho, reconoce a los animales como seres sintientes y titulares de derechos. En esa línea, tanto el Ministerio Público Fiscal como la jurisprudencia de la Provincia han afirmado que los animales son víctimas no humanas de derechos.

La declaración hace referencia a las obligaciones jurídicas de Israel como Estado parte en instrumentos internacionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En virtud de estos instrumentos, se destaca la responsabilidad de prevenir actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio.

Un Estado miembro que ha concedido protección temporal facultativa a una categoría de personas puede, en principio, retirársela. Los Estados miembros pueden decidir la duración de la protección temporal facultativa que concedan, siempre que no comience antes ni termine después de la protección temporal otorgada por las instituciones de la Unión.

El ejercicio de cargos gremiales no es una “carta blanca” o “tarjeta de indemnidad” para ejercer cualquier tipo de acto aún contrario al de ley, ya que si bien en orden a defender los derechos de los trabajadores, éstos y sus representantes poseen facultades constitucionalmente reconocidas para tomar variados tipos de medidas, el ejercicio de estos derechos posee el límite del respeto de los derechos del empleador y de terceros ajenos a la relación laboral.

De conformidad con el principio de “quien contamina paga”, la Directiva establece que los costos asociados a los tratamientos avanzados de aguas residuales serán asumidos por los sectores industriales responsables de los microcontaminantes, específicamente, las industrias farmacéutica y cosmética.

En su sentencia, la Corte subrayó la obligación de las autoridades del Estado de respetar y maximizar la autonomía indígena y el autogobierno. Esto implica que cada pueblo indígena tiene el derecho exclusivo de determinar, sin interferencias externas, quiénes son sus autoridades tradicionales y sus representantes legales.