Es un órgano constitucional independiente que controla la constitucionalidad de las leyes y de los tratados internacionales y garantiza la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Resuelve los conflictos de competencias entre los órganos del Estado, los del Estado con las comunidades autónomas y los de estas entre sí.

Ve vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones a una mujer que tendrá que esperar tres años y medio para un juicio.

La instalación cerró a principios de este año y su exdirector está preso con una condena por abusar sexualmente de personas que se encontraban presas bajo su custodia.

Esta restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales está justificada por razones imperiosas de interés general. Un Estado miembro puede considerar que un abogado no puede ejercer su profesión de manera independiente, si forma parte de una sociedad en la que determinados socios son personas que actúan exclusivamente como inversores puramente económicos, sin ejercer la profesión de abogado.

La gestación in vitro tuvo lugar en Bélgica y, posteriormente, la pareja regresó a su residencia habitual de Colonia (Alemania) para la inscripción.

El hecho de que los tribunales internos no garantizaran que los intereses de los niños fueran representados de manera adecuada en el procedimiento relativo al derecho de visitas y la custodia, constituye en sí mismo una violación del derecho de los niños al respeto de su vida familiar.

Los partidarios han señalado especialmente a Polonia como un ejemplo a tener en cuenta. El anterior gobierno conservador nacionalista de ese país se movilizó para controlar al Tribunal Constitucional.

El marco normativo debe interpretarse en el contexto de una definición neutral en cuanto al género del concepto de familia, conforme a la Constitución. Asimismo, consideró que la disposición anulada presentaba una redacción ambigua y generaba restricciones que afectaban el contenido informativo relacionado con modelos familiares no tradicionales.

Bloquear a un usuario del debate público que tiene lugar en la cuenta de la red social X de una entidad territorial, creada como una vía de interacción multilateral, constituye un acto de censura proscrito por el artículo 20 de la Constitución Política, siempre que el bloqueo no persiga una finalidad legítima, como proteger los derechos de las personas y defender el debate transparente.

Ratificó la decisión de primera instancia de suspender permanentemente la disposición controvertida, para que las agencias y funcionarios estatales incluyan el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre el cambio climático en sus evaluaciones ambientales.