La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca los logros y medidas implementadas por los Estados en 2023 para el cumplimiento de sus recomendaciones. El informe busca promover buenas prácticas y fortalecer la protección de derechos humanos en la región.

Los demandantes argumentan que ha habido una infracción, ya que OpenAI habría extraído y utilizado el contenido de manera que omite detalles identificativos, como la autoría y la publicación, y que los modelos de lenguaje generativo reproducen fragmentos de los datos sin una comprensión auténtica.

No toda realización por parte del donatario de una conducta reprobable que revista los caracteres de delito y que pueda afectar a la persona, honra o bienes del donante puede ser considerada causa de revocación por ingratitud, porque para que esa conducta pueda ser calificada como tal la misma debe ofender al donante en su gratitud, es decir, ha de poner de manifiesto la ingratitud del donatario para con el donante que compense la gratitud de aquel.

Frente al reconocimiento liso y llano del abogado, se puede concluir que su obrar no fue de buena fe, pues resulta poco convincente que siendo un profesional instruido no conozca el alcance de firmar una declaración jurada en blanco, o que, si se la completó un empleado, no tenga la precaución de revisar la veracidad de los datos consignados antes de suscribirla, por lo cual no puede justificarse el argumento de que él no completó con su puño y letra el formulario.

De tal acumulación de deficiencias en la información puesta a disposición del demandante, tanto incompleta como imprecisa, mientras su minoría estaba en juego y debía, por ello, ser considerado como una persona especialmente vulnerable, la presunción de minoría de la que se beneficiaba fue revertida en condiciones concretas que lo privaron de garantías procesales suficientes.

La Corte Suprema de Hawái había determinado previamente que la aplicación de las leyes estatales en este caso no estaba en conflicto con la legislación federal, ya que el objeto de las demandas era el supuesto comportamiento negligente de las empresas, y no la regulación directa de las emisiones. Dicho tribunal concluyó que la jurisdicción estatal era competente para conocer del asunto, al tratarse de una controversia que involucraba aspectos de responsabilidad civil conforme a las leyes locales.

Los defensores del proyecto sostienen que la normativa busca preservar la integridad de los deportes femeninos y evitar que hombres compitan en estas categorías, afirmando que ello protege tanto la seguridad como la equidad en las competencias deportivas.

La propuesta se alinea con las normativas anteriores de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, que en octubre de 2022 emitió una regulación inicial enfocada en las exportaciones de artículos avanzados de computación y fabricación.

El Consejo no cometió ningún error al incluir y mantener a MegaFon en las listas controvertidas. Aunque las medidas en cuestión limitan la libertad de empresa de MegaFon y afectan a su reputación, no constituyen una injerencia desmesurada e intolerable. En particular, se observa que responden a un objetivo de interés general, fundamental para la comunidad internacional.

El caso no plantea una cuestión de principio en el sentido del artículo 1 § 1 del Protocolo N° 16 que justifique un examen. Exponiendo una visión general pertinente de su jurisprudencia a este efecto, este Tribunal demuestra que la jurisdicción solicitante dispone de los medios necesarios para garantizar el respeto de los derechos protegidos por la Convención cuando juzgue el litigio pendiente.