La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que la búsqueda y confiscación de documentos personales de una asociación masónica en Italia, ordenada por una comisión parlamentaria, fue desproporcionada y violó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Un informe revela la estrategia represiva del régimen venezolano para impedir elecciones libres y transparentes, y perpetuar su permanencia en el poder. La CIDH llama a la comunidad internacional a tomar medidas para restaurar la democracia en el país.

La cuestión jurídica planteada dice relación con la extensión de la inmunidad que protege a un presidente en funciones frente a procesos penales, si puede extenderse a un presidente electo durante el período de transición. El tribunal de primera instancia rechazó esta interpretación, argumentando que la inmunidad presidencial no aplica fuera del ejercicio formal del cargo.

De conformidad con el principio de minimización de datos, que es un reflejo del principio de proporcionalidad, los datos recogidos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Además, el RGPD establece una lista exhaustiva y taxativa de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos alerta sobre las consecuencias reales del discurso de odio en línea, mientras la ONU y otras entidades subrayan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el entorno digital.

La actividad de las empresas de medicina prepaga -si bien el Poder Ejecutivo dentro de su esfera y en la medida jurídicamente posible puede establecer la modalidad que considere pertinente para la regulación- está sujeta al control estatal, pues ellas inciden no solo en asuntos comerciales, sino que su tarea se vincula a cuestiones de salud pública. Dicho deber de regulación y fiscalización de la asistencia de salud -sea prestada por personas públicas o privadas- es sostenido también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La base legal para la interferencia impugnada no definía el alcance y la manera en que el demandante podía ejercer su derecho a la libertad de expresión, al abrir su página de Facebook a comentarios de terceros, con la suficiente claridad para ofrecerle el grado de protección al que tenía derecho según el Estado de Derecho en una sociedad democrática.

En el caso presentado por Sudáfrica, titulado Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se alega que Israel ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio, en relación con la población palestina en Gaza.

En el ámbito internacional, el artículo 34 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra establece la obligación de tratar los restos humanos con respeto y devolverlos a sus familias. No obstante, Israel no es parte de dicho Protocolo, lo que excluye la aplicación directa de estas disposiciones.

El proyecto de ley, conocido como HR29, lleva el nombre de Laken Riley, una ciudadana que fue asesinada en Georgia, en 2024. El autor del delito fue un inmigrante venezolano que había ingresado al país sin documentación legal y tenía antecedentes por hurto en tiendas. El caso fue citado como justificación para la propuesta de ley por parte de sus promotores.