La Comisión no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia de una garantía adecuada, en particular de una cláusula tipo de protección de datos o de una cláusula contractual. La visualización del hipervínculo «conectarse con Facebook» en el sitio de Internet de EU Login se rige únicamente por las condiciones generales de la plataforma Facebook.

La jurisprudencia niega claramente la existencia del derecho de retención favor de los abogados -por extensión también a los procuradores- en relación a sus honorarios. De tal manera que las cantidades que estos profesionales perciban de terceros para entregar a sus clientes en relación con sus servicios profesionales no pueden ser aplicadas por un acto unilateral de propia autoridad a satisfacer las minutas que consideren que les deben ser abonadas, ni puede ser descontado el importe de sus honorarios de las cantidades recibidas del juzgado para su entrega al litigante.

El solicitante, cuyas declaraciones y alegaciones en ocasiones parecieron contradictorias e inconsistentes, no aportó pruebas prima facie de su presencia en Grecia ni de su “pushback” a Turquía desde la isla de Samos en las fechas alegadas y, por lo tanto, no podía reclamar la condición de víctima en virtud del Artículo 34 del Convenio.

La normativa establece que los Estados miembros deben transponer las disposiciones de la Directiva a sus legislaciones nacionales antes del 28 de diciembre de 2024. Hasta la fecha, 12 Estados miembros no han notificado a la Comisión Europea la incorporación de estas medidas a su ordenamiento jurídico interno.

El juez permitió que tanto él como los fiscales y testigos utilizaran los dispositivos para evaluar el relato del acusado. La experiencia fue utilizada específicamente en el contexto de una audiencia previa al juicio destinado a determinar si los cargos debían ser desestimados. Sin embargo, el juez no llegó a decidir si este tipo de tecnología podría ser admitida frente a un jurado en una etapa posterior del proceso.

En un escrito amicus curiae, el presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que conceda una suspensión temporal de la Ley para permitir la búsqueda de una solución política del caso tras su toma de posesión. Sin embargo, dado que la Ley entrará en vigor antes de su investidura, su petición no tendría efectos inmediatos en el caso.

La dimensión subjetiva del derecho a la legalidad penal no puede estar al margen del ámbito de los derechos protegidos por la judicatura constitucional, frente a supuestos como la creación judicial de delitos o faltas y sus correspondientes supuestos de agravación o, incluso, la aplicación de determinados tipos penales a supuestos no contemplados en ellos.

Las autoridades portuguesas ignoraron los derechos del actor como padre y no evaluaron si la devolución del niño coincidía con su mejor interés. En cuanto a la orden de búsqueda y localización, se reitera que las medidas coercitivas contra menores no son deseables. En relación con el período posterior al arresto del padre, las autoridades portuguesas no cumplieron con sus obligaciones de proteger al menor, quien tenía solo siete años en ese momento, al mantenerlo en una comisaría.

El hecho alegado por el progenitor es “poco convincente” al tenor de los hechos alegados. La determinación de las posibilidades económicas de los litigantes debe deducirse generalmente de un conjunto probatorio, hechos y presunciones de ellos derivadas, así como de signos externos de cierta continuidad apreciables en el pasado y en el presente de la vida de ambas partes; de ahí que para determinar tales posibilidades no pueden tomarse en consideración sólo aquellos elementos de juicio que se revelen.

En el sistema federal argentino, las provincias guardan subordinación con el Estado Federal en los estrictos términos jurídicos de la Constitución Nacional. La regla es la retención de competencias y la excepción es la delegación. En ese marco, la autonormatividad constituyente de las provincias tiene reconocimiento constitucional explícito cuando se afirma que cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; que asegure, entre otras cosas, su propia administración de justicia.