La requirente alega que la normativa sobre tachas de testigos vulnera su derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, toda vez que se le impide probar los puntos de prueba fijados por el tribunal.

La requirente alega que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, al extender más allá de sus límites lo que se entiende por información pública.

La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.

El Servicio Agrícola Ganadero sostiene que la fórmula de cálculo de la liquidación de la deuda afecta la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad.

La requirente estima que la decisión del Ministerio Público de no perseverar contraviene la Constitución y en particular su derecho a perseguir penalmente al imputado.

La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.

La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.

La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.

La requirente alega que la normativa infringe los principios de proporcionalidad y tipicidad al permitir al Consejo cuantificar multas a su mero arbitrio.

La requirente alega que la frase “de forma absoluta” contenida en el artículo 9 de la Ley 21.226 infringe el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.