Se estima que la imposibilidad de apelar en estos casos afectaría tanto el debido proceso, como la igualdad ante la ley, y el debido ejercicio de la facultad conservadora contenida en el artículo 76 de la Constitución.

Se alega que la sanción establecida otorga una discrecionalidad a los Juzgados de Policía Local que contravendría los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución.

Contraviene la esencia de la garantía de igualdad y el principio de proporcionalidad.

Requirente estima que infringe su derecho de propiedad.

Requirente estima que infringe la garantía de igualdad ante la ley y su derecho a defensa e impugnar lo resuelto.

Requirentes estiman que infringe la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica.

El requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho de igualdad ante la ley, el derecho al recurso y defensa, y el principio de legalidad y supremacía constitucional.

El requirente alega que quebrantan el derecho a un procedimiento justo y racional, así como los principios de tipicidad y proporcionalidad.

El requirente alega que quebranta el derecho de tutela judicial efectiva.

Requirente estima que los preceptos impugnados vulneran las garantías de igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad.