La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La requirente estima vulnerado el debido proceso, toda vez que la infracción constitucional al principio de inocencia, al principio de culpabilidad y a la garantía constitucional de un procedimiento e investigación racionales y justos.
Se hace presente que el Ministro Pozo estuvo por acceder a la admisibilidad fundado en que el dilema de constitucionalidad generado en la especie, se vincula a los conceptos de tutela judicial efectiva, como se expresó en estrados, y el derecho a defensa.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento deducido.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 24.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, al confluir la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la LOCTC.
El recurso señala que en el proceso de ponderación de la prueba el Tribunal ha infringido los principios de las reglas de la lógica, en la determinación de la existencia y características del sitio arqueológico.
El recurrente señala que solicitó la devolución de sus ahorros previsionales con el objeto de administrarlos personal y directamente.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por configurar la causal prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC.
