La empresa requirente alega que la ley no describe la conducta infraccional, motivo de la multa, permitiendo la arbitrariedad del órgano administrativo.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
La requirente estima que el hecho de que se la declare interdicta sin un procedimiento de lato conocimiento vulnera sus garantías fundamentales.
El requirente estima que se infringe su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente estima que la prohibición del legislador no encuentra fundamento razonable, por lo que atenta contra su garantía de igualdad ante la ley.
El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.
El requirente alega que el hecho que se obligue al juez a fijar caución para levantar la orden de suspensión vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La requirente estima que el artículo 318 del Código Penal contiene una sanción desproporcionada y carente de especificación suficiente.
La requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho a impugnar lo resuelto, cuando dicha sentencia presenta evidentes anomalías.
La requirente estima que carece de densidad normativa al no fijar criterios o directrices mínimos, verificables y objetivos, conforme a los cuales las EGC debieran determinar su tarifado.
