Requerimiento de juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Marco Enrique Ominami.
El requirente alega que la municipalidad pretende cobrar por derechos de publicidad impagos un interés penal que vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
El municipio alega que las normas objetadas vulneran los principios de juridicidad y de supremacía constitucional, afectan la jurisdicción, la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otros.
La requirente estima que el apremio vulnera la prohibición constitucional de privación de la libertad personal por deudas.
El requirente alegó que existe un cambio de criterio de la Administración Tributaria lo que vulnera la legalidad tributaria, la igualdad ante la ley y ante los tributos, su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
El requirente alegó que el precepto legal impugnado contradice la Constitución en cuando concede el recurso de apelación contra la resolución que niega el desafuero, vulnerando además el debido proceso.
Cadena farmacéutica estima que las normas objetadas vulneran la garantía del debido proceso y propiedad, permitiendo al organismo administrativo constituirse en una “comisión especial” que autotutela sus intereses.
La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.
La requirente estima que la rebaja del valor del bien embargado resulta desproporcionada y perjudicial para su patrimonio.
El requirente estima que la norma objetada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, debido proceso y la preceptiva contenida en Tratados Internacionales ratificados por Chile sobre la materia.
