La requirente estima que la norma limita su derecho a accionar contra los actos de la Administración, reduciendo las causales de reclamación únicamente a ciertos errores de hecho.

El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso.

El requirente alega que no puede controvertir una sentencia carente de motivaciones por el recurso que el legislador ha previsto al efecto, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

La requirente estima que la norma cuestionada atenta contra su derecho al recurso y produce otros efectos inconstitucionales.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.

Monto de derechos municipales fue aumentando unilateralmente por el municipio en términos desproporcionados transformándose en una sanción automática por conductas que no le son imputables, lo que vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales del requirente.

No se divisan motivos razonables para exigir el cumplimiento de la obligación de comparecer en circunstancias que el procedimiento ante el CAM Santiago se tramitó de forma completamente digital.

El requirente estima que la norma objetada resulta discriminatoria y atentatoria contra su derecho a la defensa.

El requirente alega que al restringirse los motivos en que puede fundarse el reclamo se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, entre otras garantías constitucionales.

El requirente estima que la caducidad de la acción de despido indebido o improcedente conculca su derecho a la acción, el cual es reflejo de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.