El máximo Tribunal sostuvo que la entidad bancaria incumplió con su deber de seguridad, al permitir giros a nuevas cuentas por un monto mayor al mínimo, y no fiscalizar que dichas operaciones eran indiciarias de fraude al no corresponderse con la conducta financiera habitual en el cliente, infringiendo de esta forma el artículo 23 de la Ley del Consumidor.
La encartada fue detenida en un servicentro de la ruta 5 norte, mientras se dirigía hacia la capital con un cargamento de cocaína listo para ser comercializado. La magistratura estimó que el reconocimiento de la acusada y los coimputados mediante el levantamiento de imágenes de seguridad del local de comida en que repostó es un acto autónomo permitido a la policía, que no requiere autorización expresa debido a las diligencias previas autorizadas por el tribunal en contra de los partícipes.
El Ministerio Público modificó -previa autorización del juez de garantía- el numero único de evidencia de la droga incautada a la acusada, incorporando en dicha modificación evidencia con distinto pesaje, lo que constituye en la especie una prueba nueva que no pudo ser examinada por la defensa, hecho que vulneró el debido proceso de la imputada.
Por lo anterior, no es necesario requerir el consentimiento del beneficiario al momento de presentarse cada licencia médica.
El máximo Tribunal redujo de cinco a dos los años de suspensión de la licencia de conducir del acusado, al observar que el Juzgado de Garantía consideró una condena previa por el mismo hecho, dictada once años atrás, y que, por ende, se encontraba prescrita según el artículo 104 del Código Penal.
El Colegio afirma que «el cambio propuesto cuestiona el funcionamiento de la justicia ordinaria penal, que involucra tanto al Ministerio Público en la investigación, como al Poder Judicial en el juzgamiento, ambas instituciones autónomas que gozan de credibilidad y respeto dentro de nuestro sistema».
A pesar del yerro en la falta de justificación del testimonio escrito de la víctima ausente, la magistratura estimó que la convicción para condenar al acusado se formó mediante el análisis de todos los medios de prueba incorporados en el juicio, entre otros, el testimonio de los agentes aprehensores; por lo tanto, desestimó la tesis de la defensa y confirmó la condena impuesta.
Esta discriminación se manifiesta en diversas formas. Como la exclusión de procesos de selección, la asignación de tareas menos significativas, la falta de oportunidades de desarrollo profesional y la preferencia por empleados más jóvenes.
En el fallo, el magistradodecretó el pago tras establecer la responsabilidad del demandado por la atención médica deficiente y las consecuencias que le generó a la demandante al tener que someterse a una nueva intervención quirúrgica y tratamiento psicológico, dado que no fue detectado por el personal médico que habían quedado restos de placenta tras el parto.
El acusado asaltó a dos personas en la comuna de Quinta Normal, llevándose como botín sus teléfonos celulares. Las víctimas denunciaron el hecho a Carabineros, quienes, utilizando el GPS de ambos dispositivos, concurrieron al domicilio del acusado, actuación que se encuentra amparada por la flagrancia de los delitos y el concepto de “auxilio” a la víctima que indica el artículo 83 del Código Procesal Penal.
El máximo Tribunal sostuvo que no procede condenar al recurrente, por el mero hecho de ser encontrado en un domicilio ajeno, a punto de consumir estupefacientes que no eran de su propiedad, además, al allanar el domicilio del encartado, no se encontraron elementos que lo liguen a ninguna actividad de tráfico ilícito de droga.
