El actor alegó que el CPLT, al entender justificada la negativa a entregar los antecedentes requeridos dada su inexistencia, contrarió sus propios instructivos; argumento que fue desechado, por cuando el reclamo debe basarse en una infracción de ley.

No logró acreditar que la recopilación de dichos antecedentes entorpecería su debido funcionamiento -de sus dos matronas-. El CPLT aplicó los criterios fijados en sus decisiones Roles C7893/20, C7842/20 y C8483/20, en los cuales se pronunció respecto de solicitudes análogas.

La reclamante no manifestó dentro del plazo legal su disconformidad o conformidad con la información entregada por la Armada de Chile en sede de Transparencia, por lo que el CPLT decidió que se encuentra conforme con los antecedentes proporcionados.

El administrador de los establecimientos públicos de las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, no acreditó de forma apropiada la causal de reserva de distracción indebida que le provocaría la recolección de tales datos.

La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.

El SERVEL alegó que información como el mes de nacimiento de los votantes no es un dato que esté contenido en el padrón, entregando información sobre los votantes habilitados para el plebiscito mayores de 90 años, respuesta que no dejó satisfecho a quien pidió los antecedentes.

Los antecedentes recopilados constituyen antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH.

La nacionalidad es uno de los requisitos exigidos por el Estatuto Administrativo para postular a cargos públicos. El cual deberá ser acreditado y constará en la respectiva carpeta funcionaria, por lo que, el documento en el que figure la nacionalidad de un funcionario es un documento que sirve de fundamento para su postulación, y aquello lo convierte en información pública.

El Departamento de Análisis Criminal no cuenta con esos datos. Sin embargo, el CPLT le recomendó a la Institución mejorar sus sistemas informáticos con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la información en futuras presentaciones, en virtud de existir proyectos que regulan la materia y otorgan facultades a sus funcionarios para retirar vehículos.

El Servicio no logró acreditar que la información requerida forma parte de un documento que se encuentra en elaboración, y tampoco consiguió demostrar que los datos solicitados no obran en su poder.