Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una Inmobiliaria- pronunciamiento acerca de la caducidad de la declaratoria de utilidad pública que habría afectado a un “Lote” de propiedad de la solicitante, habida consideración de que la Municipalidad de Lo Barnechea no ha fijado las nuevas normas urbanísticas, no obstante haberse efectuado una petición en ese sentido de su parte, acorde a lo previsto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por DFL N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se solicitó –por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo- al Contralor General de la República un pronunciamiento sobre si es procedente que un funcionario de su repartición –director de una asociación de funcionarios y federación de asociaciones- se excuse de cumplir sus labores, para dedicarse a tiempo completo a la realización de sus tareas gremiales, amparándose en lo dispuesto en los artículos 31 y 59 de la ley N° 19.296.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Rector de la Universidad de Santiago (USACH)- emitir pronunciamiento acerca del retardo por parte del Ministerio de Educación en la tramitación legislativa del nuevo estatuto orgánico de esa casa de estudios, que fue presentado en el año 2009.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de Carabineros de Chile- pronunciarse sobre la legalidad de la sanción de diez días de arresto que se le impuso, toda vez que, en su opinión, habría operado la prescripción de la acción disciplinaria.

Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería- pronunciamiento sobre si procede compensar con descanso complementario el tiempo empleado por sus servidores en trasladarse, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, al lugar en que deben realizar un cometido funcionario, para asistir a cursos de capacitación o, en el caso de los choferes, para transportar a otros servidores para el cumplimiento de sus labores.

En el marco del examen de legalidad de una resolución del Registro Civil e Identificación -que aprueba un sumario administrativo que aplica la sanción de destitución a unos funcionarios y la absolución de otros- se solicitó un pronunciamiento al Contralor General de la República acerca de supuestas irregularidades en la instrucción del mismo.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República, en representación de la sociedad de Transportes e Inversiones Shiappacasse Ltda., sobre la categorización de la actividad de estacionamiento temporal de vehículos, atendido que la Ley General de Urbanismo y Construcciones -sancionada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, su Ordenanza General -aprobada por el decreto N° 47, de 1992, de dicha cartera Ministerial-, los instrumentos de planificación territorial, y las circulares pertinentes, no dan cuenta de las características de ese tipo de proyectos, lo que podría generar “una interpretación equívoca por parte del organismo planificador, instalando una falta de certeza jurídica sobre la materia”.

La institución hospitalaria aludida informó que procede declarar la prescripción a que aluden los recurrentes, por cuanto el proceso en cuestión se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente.

El órgano contralor recordó que, conforme al artículo 5°, letra c) de la LOC de Municipalidades, a los municipios les corresponde administrar los bienes nacionales de uso público, salvo aquellos que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, su administración corresponda a otros órganos de la Administración del Estado