“tras su nombramiento por decreto supremo los Ministros de Estado pasan a ejercer una función pública en calidad de autoridades de gobierno”, quedando “obligados a respetar la normativa constitucional y legal en torno al principio de juridicidad, de probidad administrativa y de apoliticidad»

“los decretos alcaldicios relativos al personal rigen in actum, esto es, desde la fecha de su notificación al afectado, sin que su eficacia se subordine al trámite de registro al que se encuentran sujetos, ya que este consiste en una mera anotación material del acto administrativo respectivo, y no constituye en sí un control preventivo de legalidad, debiendo este Organismo Fiscalizador, para tales efectos, llevar un registro del personal municipal”

“dable anotar que de conformidad con el artículo 32, N° 8, de la Constitución Política, tales funcionarios son de la exclusiva confianza del Presidente de la República”, en el marco de “una atribución constitucional que es privativa del Presidente de la República, la cual no se encuentra sometida a proceso concursal alguno”

“con el objeto de realizar su cometido, las entidades acreditadoras están facultadas para acceder a la ficha clínica del paciente, dado que el artículo 10 de la ley N° 19.628 permite el tratamiento de los datos sensibles cuando “la ley lo autorice”

el recurrente no habría impetrado oportunamente la doctrina del fraccionamiento de sus cotizaciones, pero a pesar de esto, tampoco fue invalidada por resolución del Instituto de Normalización Previsional, “por lo que, en la actualidad, debe producir sus efectos propios, entre los cuales se cuenta el de haber reservado periodos para la obtención de otra jubilación”.

“ha sostenido, en sus oficios N°s. 56.808, de 2005 y 22.697, de 2006, que en aquellos casos en que la declaración se solicite respecto de impugnaciones o revisiones de actos administrativos que no han sido resueltas dentro de plazo, corresponde estimar denegado el requerimiento»

«se ha recalcado que el referido precepto reglamentario se encuentra vigente, con las precisiones que dichos pronunciamientos indican, por tanto, el desuso o la falta de aplicación práctica del mismo no conlleva una derogación de la norma».

«el diploma de Licenciado en Ciencias Jurídicas es el grado académico que, conforme con lo previsto en el artículo 63, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, se requiere como condición previa para obtener el título profesional de Abogado -conferido por la Corte Suprema, según lo prescrito en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales-, razón por la cual no es posible considerarlo un título profesional”.

«de conformidad al artículo 3° bis de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos, la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, en tanto que órgano funcionalmente desconcentrado, cuenta con la facultad de condonar las sanciones administrativas y los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos en los casos expresamente previstos por la normativa legal»

“respecto de los becarios que postulan a la Beca Chile con el propósito de iniciar estudios en el extranjero, el aporte en dinero que se les debe entregar cubre el costo total del programa, desde el inicio del Magíster, dado lo cual el acto administrativo de adjudicación no puede alterar el período académico que es solventado con esa ayuda financiera y que ha sido fijado por disposición reglamentaria emanada del Ministerio de Educación”