Se solicitó declarar inconstitucional un auto acordado dictado por la Corte Suprema –naturaleza que le atribuye el requirente-, en relación a un proceso tramitado por un Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago en el cual se investiga un delito de secuestro, causa conocida como “Episodio Coelemu”. A tal fin se invoca […]

La Primera Sala del TC deberá pronunciarse si acoge a trámite un requerimiento de inconstitucionalidad que se dirige en contra del acuerdo 5º de un Auto Acordado plasmado en la Resolución Administrativa A/D Nº17.137, de 14 de Octubre de 2002, dictado por la Corte Suprema. La gestión pendiente invocada está constituida por un proceso que […]

«…afectaría el contenido esencial de las garantías procesales de las partes, al limitar el derecho de éstas a presentar oralmente sus argumentos al tribunal y controvertir de igual manera los de la contraria, pues no establecería con la precisión suficiente las condiciones y casos en que corresponde dicha limitación, lo que vacía de contenido dicha garantía».

Es atribución del TC, “Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley”, lo que podrá ser planteado por el Presidente de la República, por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en los plazos y en las hipótesis que en esa disposición se regulan.

Se han generado algunas dudas de constitucionalidad sobre el nombramiento como Ministra de Estado de la ex diputada Carolina Tohá, que al momento de asumir como Secretaria General de Gobierno cesó automáticamente en su función parlamentaria por efecto de la incompatibilidad referida.

Luego puntualiza que solo puede conocer de la cuestión de constitucionalidad alegada si ésta afecta a las disposiciones incluídas en el proyecto de ley respectivo, pues ejerciendo control preventivo de constitucionalidad no puede extender su examen a preceptos legales vigentes.

No obstante que el requirente acreditó ser parte en la gestión judicial y que ella se encuentra pendiente, se dispuso que previo a resolver sobre su admisibilidad el Secretario certificara el estado de la causa en que incide.

En contra de esa decisión se recurre al TC para que declare inconstitucional lo resuelto por el Presidente de la Cámara de Diputados y se impida la tramitación en esa Corporación de la moción que propone modificar su reglamento.

El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

No se admitió a tramitación el requerimiento, pero el Tribunal concedió plazo para subsanar sus defectos en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de su ley orgánica constitucional, lo que el actor intentó corregir.