El Tribunal de Alzada indicó que la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional se enmarcó dentro de las facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas.

La Corte Suprema señaló que, consta en los antecedentes aparejados al proceso que la recurrente se reincorporó a trabajar de manera normal desde el 13 de mayo de 2019, circunstancia que desvirtuó que ésta no sea apta para el cargo por motivos de salud.

La Corte de Chillán indicó que, la negativa a renovar la matrícula a una alumna apareció como desproporcionada y se opone al resguardo que debe darse al derecho a la educación.

La Corte de Arica indicó que, no cabe sino calificar el actuar del Banco recurrido como ilegal y arbitrario.

La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que el derecho de propiedad cuya protección reclamó el recurrente no tiene el carácter de indubitado.

La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

La Corte Suprema señaló que, el recurrido incurrió en un acto arbitrario, al rechazar la cobertura adicional CAEC por el sólo hecho de no haberse gestionado el traslado e ingreso del paciente a la red cerrada, entre los días 29 y 31 de mayo del 2017.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas indicó que el recurso de protección no resultó ser la vía idónea para discutir los hechos denunciados.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 3, 4, y 24.

La Corte Suprema señaló que, se desprendió que el descuento de las remuneraciones de los actores, si bien apareció revestido de fundamento legal, resultó ser arbitrario.