En mérito de lo certificado por el TOP que dictó el segundo fallo condenatorio que da cuenta que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.

La Sala designada resolvió que el requerimiento no cumplía con la exigencia constitucional de la existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial.

De esta forma, el TC justifica que una ley posterior a un contrato vigente pueda alterar para el futuro el precio o peaje pactado en el mismo, en la medida que la magnitud de la modificación del precio no signifique a su turno una pérdida del lucro para el contratante o una privación del derecho de propiedad en su esencia.