Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, por cuanto el TC reitera que no procede la acción de inaplicabilidad si la cuestión sometida a su decisión incide en un conflicto de interpretación legal o atañe al mérito de la norma impugnada, por ser ello ajeno al ámbito de sus atribuciones en esa sede.

El precepto legal impugnado establece que las organizaciones deportivas que otorguen concesión, suspenderán completamente sus actividades por el tiempo que dure la concesión y que solo conservarán su representación ante la sociedad concesionaria si fueren accionistas de ella.

El TC resolvió que el requerimiento no cumplía con el presupuesto constitucional de que “la impugnación esté fundada razonablemente”.

Se acepta que para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia a quienes no puedan procurársela por sí mismo el legislador emplee el medio de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea –en forma excepcional y supletoria-, pero ello no autoriza a que se omita remunerar por dicha labor profesional.

En su sentencia el TC razona que, desde el punto de vista del derecho de propiedad, el citado Decreto Ley ha establecido un modo especial de adquirir el dominio, vía prescripción, lo que se encuentra dentro de su competencia, conforme a la normativa constitucional aplicable (art. 19 N° 24, inciso segundo).

Interesa la sentencia, entre otras consideraciones, porque el TC pone de relieve que el precepto legal impugnado tiene que encontrarse en situación de poder aplicarse en la gestión pendiente, solo para una vez resuelto aquello favorablemente entrar a resolver si exhibe o no la aptitud de producir efectos contrarios a la Constitución.

En mérito de lo certificado por el TOP que dictó el segundo fallo condenatorio que da cuenta que declaró inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado.

La Sala designada resolvió que el requerimiento no cumplía con la exigencia constitucional de la existencia de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial.

De esta forma, el TC justifica que una ley posterior a un contrato vigente pueda alterar para el futuro el precio o peaje pactado en el mismo, en la medida que la magnitud de la modificación del precio no signifique a su turno una pérdida del lucro para el contratante o una privación del derecho de propiedad en su esencia.