Si bien, la sentenciadora razona adecuadamente respecto de la participación del imputado en los hechos del requerimiento, no sucede lo mismo respecto de un elemento del tipo penal.

Al no existir certeza sobre lo qué expresó cada testigo, en qué forma, ni en qué contexto y circunstancias ocurrieron los hechos, no es factible en la práctica verificar si éstos se encuentran encaminados en el sentido que indica el tribunal.

El interés que claramente persiguió la coacusada fue configurar una atenuante para mejorar su posición procesal, lo que efectivamente terminó consiguiendo gracias a la benevolencia del Fiscal que solicitó de manera inusual una rebaja en dos grados de la pena, exclusivamente por involucrar en los hechos al coacusado.

Resulta un error exigir a cada testimonio individual el cumplimiento del estándar probatorio de la duda razonable, contemplado en el artículo 340 del mismo Código, para dotar de valor a las evidencias.

El plazo de años para los efectos de la edad, se inicia y termina con el día del mismo número de sus respectivos meses, por lo que los quince años del acusado, alcanzan al día en que cometió los delitos por los cuales se le condena.

El funcionario acusado, en razón de su calidad y la naturaleza de sus funciones, y sabiendo que igualmente no se encontraban cubiertos los fondos para el pago de los bonos de incentivo al retiro, resuelve que sean pagadas sus propias indemnizaciones con dineros destinados a fines diversos, generando con ello un entorpecimiento en la administración de la Corporación.

El fallo impugnado no ha analizado toda la prueba rendida en juicio. En particular, no destina una sola palabra a explicar qué valoración le ha atribuido a la prueba documental presentada por la defensa, la que sólo es mencionada (sin valorarla) ni tampoco a la declaración exculpatoria que el imputado prestó en el juicio.

El Juez del Trabajo declaró que la denunciada incurrió en prácticas lesivas a la libertad sindical y le ordenó corregir las infracciones que determinó. Le ordenó otorgar el trabajo convenido al delegado, entre otras medidas.

Es de sobremanera conocido por el defensor que bastaba con solicitar la declaración judicial de su representado o formular las reclamaciones pertinentes ante el Ministerio Público frente a la supuesta arbitrariedad que cometía el fiscal a cargo de la causa, de hacer oídos sordos a sus solicitudes.

En ausencia de una prueba técnica y de calidad científica que permita respaldar y corroborar los asertos de la víctima, no existiendo otro antecedente de cargo que contribuya a ese objetivo, es que el Tribunal queda despojado de la posibilidad de acreditar la existencia del delito.