El Director de una escuela municipal dedujo un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Constitución que le puso fin a su contrato –previo sumario administrativo- invocando la causal de falta de probidad y conductas inmorales. Considera que se han vulnerado a su respecto la igual protección en el ejercicio de los derechos, […]

Al acoger la acción interpuesta el TER verificó que el concejal había iniciado un “litigio en contra de la Municipalidad” trasgrediendo así “las normas legales pertinentes y dando origen con ello a que le sea aplicada la sanción de destitución que deriva de las mismas”.Agrega el fallo que “no corresponde a este tribunal ponderar la […]

Se presentó una solicitud de remoción del Alcalde de Huara por parte de concejales de ese municipio. Aducen que durante el desempeño de su cargo aquel habría infringido normas sobre probidad administrativa e incurrido en notable abandono de sus deberes afectando gravemente el normal funcionamiento del municipio y el desarrollo de la comuna por las […]

La Corte de Apelaciones de Iquique remitió al TC copia de un escrito que contiene una solicitud que forma parte de un recurso de protección interpuesto en contra de la Universidad Arturo Prat, en el que se solicita que en base a los fundamentos que en el se exponen la Magistratura Constitucional declare inaplicable diversos […]

Luego, agrega, que resulta palmaria la disociación entre la voluntad declarada y la intención, por lo que siguiendo los principios generales de nuestra legislación, debe preferirse esta última, en atención a la clara expresión en tal sentido por parte de quienes incurrieron en la inadvertencia objetada por el Servicio Electoral.

Añade que son los principios de participación ciudadana, como una extensión de la soberanía, basados en el régimen democrático de gobierno, los que motivan al Tricel a revocar la decisión del TER, al considerar que de esa forma se garantiza en mayor medida la manifestación de voluntad de quienes se afilian o desafilian de los partidos políticos.

Aunque reconoce que efectivamente al Servicio Electoral le corresponde proceder como lo hizo, ante un hecho de la naturaleza del reprochado, puesto que está ante una declaración formal y expresa, es a la Justicia Electoral a la que le compete aquilatar el error y resolver, en consecuencia, cuando se le considere justificado

Las argumentaciones anteriores llevan a este Tribunal a disentir del parecer del Tribunal Electoral Regional, por lo que se declarará lo que corresponde para los efectos de permitir la participación del candidato impugnado en el proceso electoral.

Luego, agrega, que resulta palmaria la disociación entre la voluntad declarada y la intención, por lo que siguiendo los principios generales de nuestra legislación, debe preferirse esta última, en atención a la clara expresión en tal sentido por parte de quienes incurrieron en la inadvertencia objetada por el Servicio Electoral, por lo que debe estarse a la manifestación de la voluntad, que en este caso era poner en la lista respectiva a un candidato por número y no a dos.

El Tribunal Electoral Regional (TER), al confirmar lo resuelto por el Servel, tuvo presente que la Ley 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que la declaración de candidatura deberá ser suscrita, en todo caso, por el candidato o mandatario designado especialmente al efecto.