El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del municipio al ordenar los cobros publicitarios por la exhibición del logo del plantel, el que se encuentra expresamente excluido por ley, del pago de derechos por publicidad. 

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago al rechazar la solicitud de demolición. La fuerza mayor aducida está basada en la conveniencia económica del propietario del predio que, por este motivo, arguye que la edificación podría quedar abandonada y en riesgo de ser abandonada.

El Tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó íntegramente el reclamo judicial deducido por la isapre en contra de la resolución de multa adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

El máximo Tribunal descartó infracción al debido proceso al no haber ofrecido el Ministerio Público las pruebas en el inicio del procedimiento simplificado, llevado adelante ante el Juzgado de Garantía de Tocopilla.

El Tribunal de alzada desestimó las infracciones invocadas por la recurrente para anular la sentencia de primer grado, dictada por Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó el reclamo judicial interpuesto por la clínica privada en contra de la resolución de multa dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

El Tribunal de alzada descartó infracción al principio de la congruencia y falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

El Tribunal de alzada estableció yerro en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al anular la multa impuesta.

El Tribunal elevó a a $100.000.000 la indemnización que el Fisco deberá pagar a las víctimas demandantes, por concepto de daño moral provocado por sus compañeros de armas, quienes los sometieron a torturas durante el proceso sustanciado por la justicia militar.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la embajada pagar a la demandante la suma de $2.352.000 por recargo del 30% de la indemnización por años de servicios, conforme lo dispone la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo.