La idea propuesta ha sido implementada satisfactoriamente por parte de algunos municipios, los cuales han firmado convenios con empresas privadas y con la Subsecretaría de Prevención del Delito a fin de contar con portales detectores de patentes, lo que se estima ha repercutido favorablemente en prevenir crímenes y delitos como robo de automóviles.

La Comisión de Constitución sigue con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

El pleno de ministros afirma que el proyecto de ley tiene por objeto fortalecer las capacidades del Estado en la gestión y control de las fronteras, restaurar el orden en materia de migración en el país, así como combatir las redes de tráfico y trata de personas.

La moción busca perfeccionar el actual registro, para facilitar la identificación de las personas y ayudar a su pronta captura.

Históricamente, el sistema de cobro judicial de la pensión de alimentos, ha carecido de mecanismos y sanciones efectivas en contra de los deudores. Esto propició y favoreció una cultura de incumplimiento, lo que ocasionó una grave vulneración en los derechos de miles de Niños, Niñas y Adolescentes.

El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.

Según explican los autores de la moción, se requiere prorrogar la entrada en vigencia de algunos artículos, “debido a la falta de dictación oportuna del reglamento que debía establecer los procedimientos y requisitos para la implementación de las disposiciones de la ley 21.368”.

A la Agencia se le encomienda velar, promover y evaluar la eficacia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado, así como promover los instrumentos y las buenas prácticas regulatorias, con el fin de contribuir a aumentar el bien común y las generación de ganancias en productividad.

Esta iniciativa surge del problema que producen las nuevas máquinas de pago táctiles de teclado digital plano, denominadas terminales de punto de venta (TPV o POS), caracterizadas por la inexistencia de botones, imposibilidad de conectar audífonos y establecer un orden aleatorio de los números, lo cual hace imposible el uso autónomo para las personas con discapacidad visual y muchos adultos mayores.

Resulta pertinente reiterar las observaciones que esta Corte Suprema ya manifestó previamente al informar los diversos proyectos que concluyeron en la dictación de Ley N°21.325, destacando que la presente modificación mantiene un vacío en torno a la doble instancia, pues no estatuye un recurso de apelación para impugnar lo que resuelva la Corte de Apelaciones respectiva.