La iniciativa modifica el artículo 56 de la Ley N° 18.681 para efectos de incluir a la provincia de Chiloé dentro de los territorios que forman parte del programa especial de becas establecido en dicha norma.

La norma busca hacer frente a un nuevo tipo de criminalidad, que incluye la utilización de nuevas tecnologías que facilitan la ejecución de delitos y un ejemplo de ello, se desprende del texto, son los inhibidores de señales.

La moción busca fortalecer los derechos de las víctimas y querellantes en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente, desde que el modelo diseñado en la ley no logra reinsertar y responsabilizar a los adolescentes infractores y los derechos que tienen las víctimas y querellantes en el marco de esta legislación son escasos.

Esta plantea que es necesario disminuir la magnitud distrital al ser el número de escaños a repartir un determinante estadísticamente significativo del número de partidos, como así también, revisar las normas del financiamiento a la política que incentivan al surgimiento de candidaturas y agrupaciones en búsqueda de los recursos económicos asociados al financiamiento público.

La iniciativa legal tiene como objetivo viabilizar el cumplimiento de la reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema relativa al uso de la tabla de factores por parte de ISAPRES, adecuación de precio de plan de salud y restitución de montos recibidos en exceso, y otras materias afines.

El Pleno concluye que, la propuesta legislativa en nada altera las atribuciones del tribunal, toda vez que la solicitud de prisión preventiva, independientemente de la naturaleza del delito o calidad de las víctimas, debe ser resuelta fundadamente, lo que implica dar a conocer las motivaciones del sentenciador para dar o no por acreditados los presupuestos de dicha cautelar.

La Mesa del Senado encabezada por el senador José García Ruminot junto a su similar de la Cámara Baja se reunió en La Moneda, con los ministros del Interior y Segpres.

Según conste en el Registro Nacional de Discapacidad. El Servicio Electoral requerirá la información pertinente al referido registro para verificar dicha condición. Una vez acreditada no será necesaria la remisión de los antecedentes al juzgado de policía local.

El crimen organizado es un fenómeno delictual ya instalado en nuestro país y que requiere acciones concretas y eficaces para su combate. De allí la importancia de endurecer las sanciones por intentar vincularlo con la política.

Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.