Para llevar a cabo la obra, se constituirá una comisión que determinará su ubicación en la región de O’Higgins y gestionará las colectas públicas que permitirán generar un fondo correspondiente, entre otras tareas.

El texto, en general, amplía los plazos contenidos en la citada ley, debido a los atrasos en su tramitación que afectó los plazos de aplicación de ciertas normas transitorias, cuyo periodo de vigencia es limitado. De este modo se extienden dichos plazos al 31 de diciembre del presente año.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, participó en la instancia legislativa donde confirmó la voluntad del gobierno de acelerar la tramitación de la norma.

La Comisión de Seguridad Ciudadana también comenzó a analizar otros proyectos referidos al robo por sorpresa o con violencia y uno que asegure el origen lícito de los honorarios de abogados defensores de imputados por ley de drogas.

El proyecto, que pasó al Senado, dispone que para que los directivos de isapres reciban su remuneración, deberá certificarse el pago total de esta deuda.

Esto, luego de que el Senado despachara a ley, el proyecto que recoge el legado de Alejandra Arévalo Troncoso, geóloga que “rompió esquemas y desafió los prejuicios para convertirse en los años 80’, en la primera mujer en trabajar al interior de la mina El Teniente”.

Además, la Comisión de Deportes comenzó el análisis del proyecto que reconoce el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación.

Entre los cambios realizados, se destacó la eliminación de la creación de un Consejo Consultivo, cuyos integrantes debían percibir una dieta y ser nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública. “Se pedirá la opinión de expertos cuando se requiera”, se explicó.

La Sala respaldó la iniciativa que reduce a 24 horas el plazo máximo para realizar todo el proceso funerario en esos casos. Las policías emitirán un informe determinando el nivel de riesgo del funeral.

La propuesta, enviada a segundo trámite, está planteada, principalmente, para los pequeños agricultores y comunidades rurales. Así, se les otorga dos años más para la regularización.