La propuesta, revisada por la Comisión de Derechos Humanos, pretende evitar la dependencia de órdenes judiciales para iniciar las pericias en el Servicio Médico legal y ajustar la normativa actual.

La redacción consensuada primero será vista en la Comisión de Hacienda, y luego por la Sala de ambas corporaciones. Parte de ella contempla que aquellos que se encuentran en listas de espera puedan acceder a un prestador que agilice su atención.

Enmarcado en la agenda de seguridad, el mensaje prohíbe –con algunas excepciones- la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de dispositivos electrónicos aptos para interceptar, interferir o interrumpir cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio de telecomunicaciones y establece sanciones.

La Comisión de Hacienda escuchó a la Subsecretaria de esa cartera, Heide Berner, quien expuso los principales aspectos de la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado.

La iniciativa, que también cuenta con la aprobación de la Comisión de Salud, se revisó en lo relativo a las nuevas multas que se podrán imponer a los infractores y el costo fiscal de la propuesta, entre otras materias.

La diputada Carla Morales expuso el texto de su autoría ante las y los diputados de la Comisión de Vivienda. El Ejecutivo dio su apoyo a la idea y presentó una indicación sustitutiva sobre la materia.

Establece la obligación para los establecimientos educacionales de contar con espacios diseñados para ayudar a los estudiantes a manejar sus desregulaciones emocionales y conductuales a fin de que cuenten con un entorno seguro para que recuperen su equilibrio emocional.

Esta autorización y declaración no será necesaria en aquellos hechos que constituyeren delitos contra la Probidad o la Función Pública, caso en el cual el Ministerio Público podrá formalizar la investigación sin más trámite si así lo resolviere.

La norma que se debate en la Comisión de Gobierno Interior subraya que el ordenamiento penal, necesariamente, debe reaccionar con herramientas efectivas para asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.

Modernizar el sistema de nombramiento de jueces y varios otros aspectos del Poder Judicial es el objetivo de la propuesta cuyo análisis comenzó en la Comisión de Constitución.