El Tribunal de alzada confirmó, con costas, la resolución recurrida, adoptada por el CNTV, que le impuso una multa de 21 UTM a empresa DirecTV Chile Televisión Limitada.
No se verifica el vicio de ilegalidad. La resolución que fue dictada por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundada en causal legal y está suficientemente motivada, considerando la gravedad del ilícito por el cual fue condenado el reclamante.
La competencia de las Cortes de Apelaciones se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. Por lo tanto, si consideran que la resolución sancionatoria de la SEC es legal, carecen de atribuciones para rebajar la multa, siendo improcedente fundarse en razones de justicia y equidad.
La Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales carece de facultades legales para controlar o reprimir dicho envío (que involucra la libertad de opinión, y el derecho/deber de los afiliados a informarse). Además, efectuó una errada interpretación de normas sectoriales para sancionar a la Isapre.
Corresponde a la Universidad observar el Principio de Máxima Divulgación, mediante el cual, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.
Se reprochó a la compañía haber excedido los límites basados en hipótesis que no existen actualmente, careciendo la CMF de facultades para revivir o interpretar normas derogadas. No resulta factible aplicar el artículo 23, N°2, letra d), del DFL N°251, que se refiere a supuestos derogados del artículo 5 de la Ley 18.815, sobre activos que podían ser objetos de inversión.
El fallo señala que el número suficiente de firmantes constituye un requisito esencial para la admisibilidad del libelo en cuestión, cuyo cumplimiento debe acreditarse a través de un documento que certifique que, en este caso, quienes lo suscriben constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
En una ceremonia pública se realizó el sorteo que consideró a los 11 ministros y ministras de la Corte Suprema habilitados para tramitar el requerimiento. El tribunal especial para estos efectos quedó integrada por: la ministra Andrea Muñoz Sánchez, que ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Arturo Prado Puga, Mario Carroza Espinosa y la ministra María Cristina Gajardo Harboe.
El Tribunal de alzada descartó infracción en el procedimiento sancionatorio y en la cuantificación de la multa aplicada al edil.
El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.
