Desconociendo el efecto de la fusión de las sociedades, la Municipalidad siguió cobrando patente a la que fue disuelta y que, por ende, no se encontraba ejerciendo actividad alguna que pudiera ser gravada con aquel cobro.

La Corte estableció que el dimensionado es algo anexo al giro principal de venta de materiales, y está destinado a dar un mejor servicio a los clientes respecto de productos que se compran allí mismo.

El reclamante alegó que, al no iniciarse un procedimiento previo para declarar la caducidad de los permisos, se vulneró el debido proceso, pues no se le permitió realizar descargos ni presentar pruebas, argumento que fue descartado por la Corte.

Los demandantes no pudieron acreditar ilícitos a la libre competencia. Además la tolerancia del fiscalizador administrativo sectorial y la pasividad legislativa son circunstancias que no pueden ser imputadas a los demandados.

En su libelo, el actor no señaló ninguna norma legal contravenida por el municipio al decretar la clausura de su establecimiento comercial, sino que sólo aludió a la vulneración a su derecho de libre ejercicio de actividades económicas y de propiedad.

El reclamante sólo alegó que la obra que se efectuaría en un terreno colindante al suyo, le generaría graves inconvenientes y traería problemas viales y urbanísticos.

La Ley N° 19.880 exige, para iniciar un procedimiento de invalidación, que se le otorgue al interesado la posibilidad real de ser oído, y aportar los argumentos y antecedentes que a su juicio sostendrían la legalidad y procedencia del acto que se pretende dejar sin efecto.

El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio y desestimó el decaimiento de la acción y la desproporción de la multa alegadas por la recurrente.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario en el proceso administrativo que derivo en la dictación de la resolución exenta impugnada.

Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.