Resolución de la Intendencia Regional del Maule que decretó la expulsión de un ciudadano venezolano que ingresó por paso no habilitado al país, se ajustó a derecho.
La decisión tampoco careció de racionalidad, toda vez que el reclamante no invocó la existencia de ningún vínculo social que dé cuenta de arraigo al país en su periodo de permanencia.