El informe emitido por Carabineros, que dio cuenta de la ocurrencia de una riña con resultado de muerte en los estacionamientos del centro de eventos, mientras aquel estaba a cargo de un menor de edad, es razón suficiente para negar la renovación de la patente comercial por no garantizar la seguridad en el recinto.

En la Ley N°19.995 y sus Reglamentos, así como las Circulares de la SCJ y la jurisprudencia administrativa de la CGR, regula el procedimiento para la autorización y renovación de patentes comerciales para la explotación de máquinas de juegos cuando se certifique que no son de azar.

No son aplicables las causales de reserva de la información del artículo 21 de la Ley de Transparencia, puesto que los datos solicitados son de orden estadístico, sin hacer mención a nombres, direcciones o cualquier otro antecedente que permita la identificación de aquellos que se sometieron al cambio registral.

El decaimiento del procedimiento administrativo sólo puede operar si, entre el inicio del mismo y la dictación de la resolución terminal, transcurre el plazo de 6 meses, no pudiendo considerarse para el cómputo de dicho plazo el tiempo utilizado en resolver los recursos presentados en contra del acto terminal.

El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada es de carácter pública y que no vulnera la privacidad de quienes han solicitado el procedimiento, al tratarse solo de datos estadísticos.

El Tribunal de alzada estableció que la recurrida actuó dentro de sus atribuciones fiscalizadoras.

Con sentencia del Tribunal Constitucional se reactiva un proceso judicial que busca evitar el cumplimiento de una decisión de Consejo para la Transparencia (CPLT), en la que se estableció la calidad de pública de aspectos asociados a concesiones del servicio público de telefonía inalámbrica.

La información requerida es de carácter pública, al estar contenida en los registros del Ministerio de Salud. Además, tratándose de un derecho con consagración constitucional, el acceso a la información pública debe ser la regla general, descartando la aplicación de la reserva alegada por el órgano público.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y sin fundamentos en la resolución municipal que dispuso el cobro a la reclamante.