La información solicitada resulta ser idónea para afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera privada o derechos de carácter comercial o económico que pudiera afectar su honra.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución impugnada, dictada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que autorizó la entrega, al considerar que la información requerida tiene causal de reserva, al afectar derechos de terceros.

El Tribunal de alzada estableció que la sanción aplicada por el CNTV se ajusta a la normativa vigente.

El Tribunal estableció que se encuentra probado que la ciudadana, al momento de ser multada en la Ruta 68, el 14 de abril de 2020, tenía residencia en Colina, comuna que no se encontraba en cuarentena, por lo que no infringió la restricción sanitaria.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del CPLT al ordenar la entrega de la información que no está cubierta por causal de reserva.

Si bien es cierto que la autoridad administrativa se encuentra facultada para aplicar sanciones una vez verificada la infracción, no es menos cierto que esta potestad debe ejercerse con arreglo a la ley.

Se verificó que la infracción respecto de la cual se solicitó la prescripción fue continuada o permanente, dado que ella se produjo desde el año 2000, cuando venció el plazo para dar inicio al cambio de estanques y continuó de manera ininterrumpida hasta 2019.

El Tribunal de alzada desestimó la reclamación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al estimar que la información sobre las comisiones al extranjero del vicealmirante Ricardo Marcos Vivanco –durante el periodo en que integró el alto mando de la Armada y solo en lo relativo a año, país, duración de la comisión y porcentaje de viático asignado, excluyendo motivos y fechas específicas– es de carácter público.

La Corte no advierte la falta de precisión que la actora reprochó a los cargos formulados y concluye que, tratándose de una infracción gravísima, la multa interpuesta fue proporcional.

El Tribunanl de alzada desestimó el reclamo, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia, es de carácter público.