Resolvió que la aseguradora incumplió su obligación al negarse a pagar el seguro a primer requerimiento, dado que este tipo de póliza exige únicamente la identificación de la póliza, el asegurado y el monto asegurado, sin requerir documentación adicional. Esta conducta motivó la sanción de la CMF, al infringir la normativa aplicable, sin que lo anterior prive al asegurador de las acciones de reembolso, ya sea contra al afianzado o contra el asegurado, si ha reclamado una indemnización en exceso.

La Corte de Santiago resolvió que la DGA actuó conforme a la normativa vigente, al exigir la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales como requisito para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. La falta de este requisito, no subsanada por la reclamante, impide la tramitación de la solicitud.

Resolvió que la judicatura no tiene las competencias técnicas para revisar materialmente lo resuelto por la DGA, cuya decisión está amparada por la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Rechazó el reclamo de ilegalidad, al considerar que la reclamada actuó dentro de sus competencias al no mediar en un conflicto entre privados relacionado con la rotura de la matriz de agua potable, en el que la reclamante solicitó que, además de fiscalizar el cumplimiento de la normativa técnica, asumiera un rol activo en la resolución de compensaciones económicas por los daños causados, disputas que deben ser resueltas por los tribunales competentes.

Resolvió que no se presentaron argumentos claros ni suficientemente desarrollados sobre las infracciones alegadas, y que las materias planteadas corresponden a problemas que deben ser resueltas en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

El Tribunal de alzada rechazó la acción por existir una investigación penal en curso sobre la materia.

Desestimó las ilegalidades respecto de la resolución impugnada, y rechazó la solicitud de rebaja de la multa, pues se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley N° 18.410, considerando diversos factores como el daño causado y la capacidad económica.

El reclamo interpuesto por la Clínica contra la Superintendencia de Salud cuestiona la aplicación de la Ley de Urgencia en un caso de deshidratación y riesgo de secuelas en una paciente trasplantada. La resolución impugnada por la reclamante rechazó su solicitud de reconsideración, basándose en la interpretación de la urgencia vital y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el DFL N° 1 de 2005.

La Corte indicó que las excepciones al principio de publicidad de los actos del Estado deben interpretarse de forma restrictiva. Sostuvo que no bastan alegaciones generales sobre los intereses económicos o estratégicos para justificar la reserva de información.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la resolución cuestionada, adoptada por la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana.