El Consejo para la Transparencia negó la entrega de información sobre el seguimiento ambiental de la central termoeléctrica Guacolda. Si el órgano estatal no tiene los antecedentes pedidos y se han agotado las pesquisas de búsqueda, aparece de toda razonabilidad que no puedan ser entregados.

En fallo unánime, la Corte de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por un periodista y le ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea entregar la nómina de trabajadores y/o prestadores que se desempeñan en la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios, solicitada por ley de transparencia.

Para que prospere la causal de reserva invocada deben cumplirse dos requisitos: a) Que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los que verifican en la especie.

En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.

El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en las resoluciones impugnadas, que excluyeron a las reclamantes del listado de empresas estratégicas al contar con servicios mínimos y equipos de emergencia calificados para hacer frente a eventuales paralizaciones de trabajadores.

El tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida al verificar que los actos reclamados han sido dictados por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, cumpliéndose con los requisitos, trámites y etapas para su adopción, constándose que la SCJ actuó conforme a derecho al momento de decidir poner término a la evaluación de la oferta presentada por la reclamante, y posteriormente rechazar la reposición deducida.

La Corte de Santiago desestimó la reclamación de la Municipalidad de Santiago contra la Resolución Exenta de la Superintendencia de Educación que la sanciona por la entrega tardía de cuentas y la omisión en la entrega de información solicitada. Descartó vulneración del principio de non bis in ídem, del debido proceso y del principio de proporcionalidad.

La Sexta Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.

La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la resolución impugnada.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la CMF al impartir las instrucciones cuestionadas, las que se enmarcan en sus atribuciones legales.