La sentencia desestimó la alegación del Ministro para no entregar la información -referida a que la solicitante no cumplió con la petición de subsanar su solicitud de información-, por cuanto en ésta no se le señaló con claridad los términos en que debía subsanar tal solicitud y sólo se le dice “que no son objeto de la ley de acceso aquellas solicitudes que podrían estar en la mente de las autoridades de los órganos de la Administración del Estado al momento de adoptar una determinada decisión o actuación, pero que no constan en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, o en formato o reporte determinado”.

el “principio general” contemplado en la Carta Fundamental y en la ley, tiene excepciones, siendo una de ellas “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económicos”.

En su fallo, el tribunal de alzada razona que el artículo 8° de la Constitución, no obstante consagrar el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, establece la posibilidad que, en virtud de una ley de quórum calificado, pueda limitarse éste principio, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

«Luego el fallo se apoya en nueve consideraciones que va desarrollando para concluir que la ley Nº 19.882 no estableció el límite temporal en la confidencialidad que impone a los procesos de selección, la que se proyecta una vez terminados éstos».

“tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente”, ya que el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece el principio por el cual toda información que esté en poder de la Administración es pública y, por consiguiente, el secreto o reserva que la misma establece es excepcional.

“se ha dispuesto tarjar previamente toda mención identificativa de su identidad, descartándose así a priori la afectación de su esfera de vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico”.

La Corte de Apelaciones de Iquique desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Universidad Arturo Prat en contra de una resolución del Consejo para la Transparencia que le ordenó a ese plantel educacional entregar al Presidente de la Federación de Estudiantes de esa Casa de estudio información relativa al listado de todas las remuneraciones […]

(…) tales disposiciones deben ser interpretadas en forma sistemática, pareciendo claro que los antecedentes curriculares de aquellos que pasaron la primera etapa de selección, si bien son secretos o reservados, “tal secreto o reserva lo es sólo hasta que el concurso esté pendiente»

La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Municipalidad de Ñiquén en contra de una resolución del CPLT que acogió el amparo de acceso deducido por un concejal de esa comuna y ordenó la entrega de una serie de antecedentes referidos a la administración municipal. La sentencia razona que […]

Si se hacen públicos los fundamentos de la resolución de la Junta de Selección de Personal, prosigue la Corte, resultaría vulnerada la Carta Fundamental y la Ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.