El máximo Tribunal estableció falta o abusos de los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) al rechazar la fusión, al considerar el riesgo de concentración y de aumento de planes base, materia que se encuentra regulada por fallos emitidos recientemente por la Corte Suprema.

El actor alegó que la revocación de la adjudicación carecía de validez, toda vez que el artículo 61, letra a), de la Ley N° 19.880 impedía dejar sin efecto aquellos actos creadores de derechos.

La actora quedó tercera en el proceso licitatorio, de manera que, declarando inadmisibles las dos ofertas aludidas, quedaría en posición de adjudicarse la concesión del servicio de mantención de áreas verdes en la comuna de San Bernardo.

La actora alegó que no era necesario contar con la recepción de las obras, sino que bastaba con la finalización de las obras de captación y uso de las aguas para eximirse del pago de patentes por no uso, argumento que fue desechado por la Corte.

Toda gestión que tenga por objeto interrumpir el término establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil puede provenir de las partes y también de terceros cuando hayan recibido un cometido del tribunal a instancia de una de las partes. En ellas se radica el impulso procesal.

El establecimiento de educación alegó que, en la especie, era aplicable la atenuante de no haber sido previamente sancionada por infracciones gravísimas y que, de haberse aplicado esa minorante, la sanción sería la de amonestación por escrito.

La defensora sancionada, si bien reconoció la tardanza, dio como justificación para ello la preparación de una defensa adecuada de su representado, argumento que fue desestimado por la Corte.

La señal televisiva negó la afectación a la privacidad de los involucrados en las notas periodísticas, toda vez que, por tratarse de un medio de prensa no resulta aplicable la Ley sobre Protección a la Vida Privada y, por informarse sobre hechos delictuales, estos tampoco se consideraban parte de la esfera privada de los afectados.

El Estado ha faltado gravemente al deber que le asiste de entregar un servicio efectivo y no respetar la voluntad de sus derechos reproductivos, que, por lo demás, representa una preocupación del Estado de Chile plasmado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.

Nadie que haya nacido en el país, aun a pretexto de que sus padres incumplen la legislación migratoria, puede ser privado del derecho a la nacionalidad, previenen tres ministros.