“los hechos en que se funda no constituyen la causal invocada”, toda vez que la sentencia impugnada contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido, siendo que lo ocurre en el caso sublite, que no autoriza invalidar el fallo del tribunal de alzada, es que dichos fundamentos “no se ajustan a la tesis sustentada por la parte demandada”.

“en el pago de los derechos municipales se encuentra implícita la idea de una contraprestación por las concesiones o permisos que obtienen, o por servicios que reciben las personas de parte de los Municipios, situación que no se da en aquellos casos en los cuales la instalación de un soporte emplazado en un bien nacional de uso público no contiene publicidad”.

“Teniendo el Estado la obligación de prestar un servicio, la misma se extiende a que sea prestado de manera diligente y oportuna”, lo que en la especie se verifica al quedar establecido que “en la realización de la pericia existió incumplimiento de la técnica y metodología que la rige”

“ha quedado establecido en la causa que no se acreditó la existencia de daño ambiental significativo que exige el artículo 2° letra e) de la Ley N° 19.300, así como que la actuación de los demandados en el traslado de la vía férrea no es contraria a derecho (considerando decimonoveno de la sentencia de primer grado confirmada por la de segunda instancia).”

«se verifican los supuestos contemplados en el precepto legal citado a la época de la dictación del acto municipal impugnado, lo cual resulta coincidente con lo sostenido por la Contraloría General de la República».

«el máximo tribunal revocó la sentencia apelada y acogió la reclamación, al hacer lugar a la excepción de prescripción de la liquidación de impuestos planteada por la reclamante, toda vez que consta en la causa que la liquidación fue practicada el 31 de julio del año 1998, es decir, transcurrido el plazo de prescripción fijado por la ley».

“aun cuando eventualmente exista alguna irregularidad formal en el actuar de la recurrida, ésta no puede ser censurada a través de la presente vía constitucional porque ello implicaría dar protección a una situación irregular lograda por la recurrente, quien como se ha visto carece de un derecho legítimamente adquirido.”.

“en presencia de un principio de carácter general, que señala para los jueces una norma de conducta interna, acerca del modo como deben formar su convicción para establecer la existencia del hecho punible y la participación del acusado en él, y no denunciándose que los sentenciadores hayan empleado medios probatorios distintos a los legalmente establecidos para fundar su decisión de condena, carece de asidero la impugnación acerca de esta norma”.

“se entiende por sospechoso todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, que se realiza en forma aislada o reiterada, y, en ese contexto, como la reclamante debe contar con un sistema preventivo de alerta, en la especie tenía contratado un empleado responsable de relacionarse con la UAF, resulta que no se trata de otra obligación legal que pese sobre la reclamante, sino que la de reportar e informar en los términos exigidos en forma imperativa por el artículo 3, inciso 1, de la citada ley; obligación a la que la reclamante no dio cumplimiento”.

«no suprimió el factor de peligro al usar una sustancia distinta de la ocupada habitualmente para realizar la tarea de trasvasije y dosificación de dimetil disulfuro para la activación de los reactores de la planta en la refinería Bío Bío, lo que importa la vulneración del artículo 166 del Código Sanitario antes citado”.