Las acciones desplegadas por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá constituyen un incumplimiento de la obligación estatal de velar por el respeto del derecho a la educación de los menores.

Asimismo, se instó a investigar en forma completa e implementar mecanismo de protección.

El fallo concluyó manifestando que no hubo un justo equilibrio entre la protección de la moral pública y los derechos de las personas religiosas.

El caso se relaciona con violaciones al debido proceso cometidas en el marco del proceso penal por el delito de asesinato y tentativa de asesinato de miembros de la Policía Nacional de Guatemala.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los magistrados Requero y Rodríguez-Zapata.

El TEDH expuso que cada Estado tiene un «margen de apreciación» para definir el proceso de decisión en estos casos en los que los padres rechazan la posición del personal sanitario.

El accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la seguridad, a la igualdad, al buen nombre, a la paz, entre otros.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 11 de enero de 2018.

Cabe recordar que cuando en el año 2004 su compañera gestó y dio a luz a un hijo, la demandante solicitó un permiso por razón del nacimiento del niño de 11 días de duración.

Se concluyó que el Ayuntamiento no tomó las medidas necesarias para frenar el ruido de bares y pubs en su barrio.