La aplicación de las penas sustitutivas de aquellas privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter de pena y operan con una intensidad importante. Tienen el carácter de penas en cuanto restringen la libertad personal y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no reincidencia. Pena sustitutiva.

Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.

El Tribunal Constitucional declaró inaplicable el precepto legal “o una licenciatura” contenido en el artículo 103, letra b), de la Ley 21.091, lo que tornó ilegal y arbitrario el dictamen de Contraloría que impedía acceder a la gratuidad a los alumnos del College UC.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.

La Casa de Estudios alegó que se extendía el principio de publicidad más allá de lo que la Constitución permite.

El requirente alegó que el plazo de prescripción contemplado en el precepto legal impugnado afecta la igualdad ante la ley y el derecho a la identidad.

Pero rechazó inaplicabilidad de la CMF respecto de los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley N° 20.285.

El precepto legal impugnado no garantiza un procedimiento racional y justo y no se condice con la garantía del debido proceso.

Su aplicación resulta contraria al principio de proporcionalidad, al debido proceso y al derecho de propiedad.

El requirente alegó que se le aplica una sanción automática por conductas que no le son imputables, vulnerando sus garantías constitucionales.