Agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
Al establecer que en contra dicha resolución no procederá recurso, se priva a las partes de sus medios de defensa.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Los preceptos impugnados amplían excesivamente el acceso a la información, al considerar como pública información que no lo es.
Vulnera el derecho a desarrollar actividades económicas y la libre contratación.
Vulneran el derecho a un procedimiento justo y racional, y el principio de tipicidad.
Que el impedimento para no realizar el juicio por videoconferencia sea “absoluto” vulnera el derecho a defensa y el principio de inmediación.
Vulnera el derecho a un procedimiento justo y racional.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
