Vulnera la garantía de un justo y racional juzgamiento.
Consignación previa no se ajusta a la garantía de tutela judicial efectiva. Contraviene el derecho al recurso.
Normas impugnadas transgreden los límites del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.
Amplían inconstitucionalmente el principio de publicidad consagrado en el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución.
La norma impugnada vulnera el debido proceso al no garantizar un procedimiento racional y justo que comprende el derecho al recurso.
Vulneran la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La norma impugnada no es compatible con las exigencias de racionalidad y justicia que emanan del debido proceso.
La norma carece de parámetros objetivos que permitan determinar las sanciones con proporcionalidad.
Las observaciones formuladas por el Presidente guardan relación directa con las ideas matrices y el contenido del proyecto de ley.
El legislador no tiene una libertad total para calificar como delito sujeto a la jurisdicción militar cualquier hecho delictivo y, de esta forma, sustituir el régimen procesal general por uno especialísimo.
