La Ley N° 18.900 hizo desaparecer el sujeto obligado a restituir lo depositado (Caja Central de Ahorros y Préstamos), sustituyéndolo por el Fisco, y condicionó la existencia de la obligación al cumplimiento de una condición suspensiva meramente potestativa del deudor que no se ha cumplido y a la que se encuentra supeditado el pago de una obligación de restitución del dinero depositado, la que por su naturaleza debe ejercerse a voluntad del depositante y no del depositario. Los depositantes detentan un derecho de propiedad sobre un crédito cuyo ejercicio ha sido supeditado por un precepto que no satisface los estándares constitucionales, toda vez que el derecho que detenta el depositante depende de una condición suspensiva meramente potestativa.

Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una diferencia arbitraria entre las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento por infracción a la Ley N° 18.892, y aquellas otras personas que sean parte en otros procedimientos civiles, y que sí están habilitadas para solicitar el abandono del procedimiento.

Argumenta que la adquisición del inmueble en cuestión responde a un procedimiento administrativo que versa sobre el interés público y no corresponde a un negocio jurídico privado. Explica que el contrato no se perfeccionó, ya que no se dictó el Decreto Aprobatorio exigido en derecho público y, en todo caso, la causal de cesación en el cargo se debe interpretar y aplicar restrictivamente.

La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en su aplicación al caso concreto, puesto que no establece expresamente la obligación de remitir los antecedentes al Tribunal declarado competente, omisión que, a interpretación del Tribunal Tributario de Arica y Parinacota, significa cesar inmediatamente en el conocimiento del asunto, sin posibilidad de remitir los antecedentes, generando así un estado de total indefensión.

La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al negarle la posibilidad de utilizar el instrumento procesal del abandono del procedimiento, coartando su derecho a defensa, ya que restringe o limita su ámbito de acción, sin que pueda acudir a la totalidad de los mecanismos de impugnación previstos en la ley en pro de la adecuada representación de sus intereses en el juicio.

La Magistratura Constitucional declaró derechamente inadmisible el requerimiento por considerar que la requirente no planteó un conflicto constitucional plausible, sino que se centró en la interpretación que efectuó la Corte Suprema respecto de la norma impugnada, ámbito que corresponde a la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Además, precisó que la acción de inaplicabilidad no es un mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.

La Magistratura Constitucional concluye que no hay vulneración de derechos constitucionales, ya que el legislador ha establecido plazos de prescripción razonables y diferenciados para las acciones de filiación, en función de los intereses y derechos involucrados, especialmente la protección del niño. Rechaza la impugnación ilimitada de la paternidad, pues dicha posibilidad puede perjudicar la identidad y dignidad del hijo, cuyo derecho a la filiación y a la identidad deben prevalecer.

La requirente sostiene que la limitación de la disposición impugnada dice relación única y exclusivamente a aquellas resoluciones que se dicten respecto de actuaciones propias del Derecho del Trabajo y reguladas en el Código del Ramo, cuestión que no ocurre en el caso concreto, ya que se trata de una apelación respecto de la resolución que rechazó un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento.

La Magistratura Constitucional sostuvo que el precepto cuestionado, al prohibir en general la prueba, restringiéndola exclusivamente a lo concerniente a los hechos que fundan la causal invocada, no es contrario a la Constitución. En efecto, la regla cuestionada guarda concordancia plena con los principios formativos del proceso laboral y con las características propias del recurso de nulidad, en cuya virtud la Corte no es instancia sino tribunal de control de legalidad de las decisiones judiciales.

La Magistratura Constitucional razona que la regulación del CNTV sobre contenidos televisivos para proteger a menores de edad se funda en la colaboración reglamentaria permitida por la Constitución. Indica que la ley le otorga la potestad de establecer normas específicas para la programación televisiva, como la designación de horarios, y que la sanción impuesta es proporcional, considerando las circunstancias del caso, y que la normativa proporciona los elementos necesarios para evaluar y aplicar sanciones de manera flexible y justa.