Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional la frase “La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes”, contenida en el inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. El precepto legal impugnado establece lo siguiente: “Artículo 486.- “La tasación será la […]

La requirente sostiene que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente, producen graves infracciones constitucionales, específicamente al Principio de Proporcionalidad.

La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.

La Magistratura Constitucional concluyó que la aplicación estricta del artículo 162 del Código del Trabajo, en este caso, vulneraría los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar la interpretación de las normas laborales, ya que se acreditó que el pago se realizó antes del inicio del procedimiento de cobranza, lo cual fue reconocido por ambas partes y no existió afectación a los derechos previsionales del trabajador ni asimetría de información.

La Magistratura Constitucional razonó que la eliminación del artículo 33 de la Ley N°18.838 generaría inseguridad normativa, y que de acogerse la acción de inaplicabilidad impetrada respecto del artículo 34 se eliminaría la disposición que reconoce todas las prerrogativas que la parte requirente aduce como vulneradas.

La Magistratura Constitucional consideró que el artículo 2331 restringe la reparación integral del daño moral derivado de la vulneración del derecho a la honra, derecho fundamental garantizado por la Constitución. La norma limita la indemnización solo a ciertos daños patrimoniales, excluyendo el daño moral, lo que afecta el contenido esencial del derecho y contraviene el principio de reparación integral de los perjuicios sufridos.

La requirente sostiene que el artículo 3° transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica extiende de manera innecesaria la ultratactividad de las normas anteriormente vigente en el CPC, a causas en apelación y casación que se tramitan en forma electrónica independientemente de su origen, afectando el principio de igualdad ante la ley. Además, de que la medida no cumple su objetivo de mantener la tramitación en papel y crea una distinción arbitraria entre litigantes.

Se considera que las normas que regulan el trámite de la reconvención en el caso pueden ser contrarias a garantías constitucionales, como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el debido proceso, pues estiman que el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil plantea problemas al no garantizar una resolución equitativa.

El requirente alega que los preceptos legales objetados infringen el debido proceso y los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, desde que al tratarse de una disputa acerca de la inscripción de una escritura de cesión de derechos conforme al artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, la aplicación de las normas impugnadas no es procedente, desde que la nulidad de un acto del CBR sólo puede reclamarse en base al estatuto constitucional de la nulidad de derecho público por tratarse de un acto administrativo.

El requerimiento sostiene que el precepto impugnado desnaturaliza el contenido de la Ley de Presupuestos, infringe las reglas especiales en materia presupuestaria (art. 67 inciso segundo), así como las reglas sobre ideas matrices (art. 69 inciso primero) y sobre iniciativa exclusiva (Art. 65 inciso cuarto, numeral 2), lo que el Tribunal Constitucional debe declarar para que la norma cuestionada –incorporada en el proyecto de ley de presupuestos- no pueda ser promulgada.