“que para tener el reconocimiento oficial de un establecimiento de educación parvularia, básica y media, es menester tener un sostenedor, el que podrá ser una persona jurídica de derecho público, tales como municipalidades y otras entidades creadas por ley y las personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto social único sea la educación”.

«la norma impugnada no vulnera la Constitución. En primer lugar, por cuanto, expresan, no se vulnera la igualdad ante la ley. Es cierto que un sujeto procesal (el Ministerio Público) puede apelar y no los otros sujetos, incluido en este caso el Ministerio del Interior. Tal diferenciación, aducen, tiene fundamento: en primer lugar, por el rol que le corresponde al Ministerio Público en el proceso penal; en segundo lugar, en que el imputado goza de una presunción de inocencia (artículo 4° del CPP); en tercer lugar, como a él corresponde compilar la prueba, puede incurrir en la causal de exclusión de prueba consistente en inobservancia de garantías».

«quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto, a su juicio, atendido el estado en que se encuentra la gestión judicial invocada, la disposición que se objeta no tendrá aplicación en ella, y, por consiguiente, no se cumplen los presupuestos legales y constitucionales para declararlo admisible».

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 26 del DFL N° 850, de 1997 del Ministerio de Obras Públicas.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre nulidad de derecho público de que conoce el 1° Juzgado Civil de Santiago, pendiente de ser notificada la resolución que recibe la causa […]

«la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, el derecho a la protección de su vida privada y su honra, además del contenido esencial de dicho derecho, al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero».

«en cuanto a la impugnación de la disposición octava transitoria de la Constitución Política, procede declarar la inadmisibilidad, por no ser procedente respecto de preceptos que no tengan rango legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC».

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso octavo del artículo 292 y el inciso segundo del artículo 492 del Código del Trabajo.La gestión invocada incide en un proceso laboral, en el cual se discuten prácticas antisindicales y la reincorporación de trabajadores.La Segunda Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los […]

«el principio de realización de la actividad minera da un perfil más concreto a la función social de la propiedad minera, en la misma Constitución y no en la legislación como ocurre con los otros tipos de dominio, lo cual se refleja en el procedimiento judicial para la constitución de las concesiones mineras, otorgándole características especiales que apuntan a su celeridad y pronta conclusión».