en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete «el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua…»

El requirente estima, que de aplicarse la normativa, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, las consagradas en el artículo 8 inciso 2°, toda vez que los mensajes enviados a través de correos electrónicos institucionales no constituyen información pública.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 6° de la Ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental.La gestión invocada incide en un recurso de protección interpuesto por diversos fiscales en contra del Ministerio Público, de que conoce actualmente la Corte […]

El TC declaró admisibles requerimientos de inconstitucionalidad –Roles 2386-12 y 2387-12: acumulados con Rol N° 2388-12– interpuestos por un grupo de parlamentarios que solicitaron declarar la inconstitucionalidad de una serie de preceptos del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín N° 8091-21).Declarado admisible el requerimiento deducido, el Tribunal Pleno ordenó ponerlo […]

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 16 B de la Ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.La gestión pendiente invocada incide en una acción de protección de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago incoada en contra de la Superintendencia de Electricidad y […]

«se trata de esclarecer si debe primar la aplicación del artículo 8°, letra d), inciso final, de la Ley N° 18.834 -que se impugna en esta sede-, y que subordina la permanencia en el cargo de un funcionario público a su calificación en lista N° 1, de distinción, o bien, el artículo 25 de la Ley N° 19.926, que establece el fuero de los directores de las asociaciones de funcionarios».

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso segundo del artículo 988 del Código Civil, anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 19.585, en la parte que indica.La gestión pendiente invocada incide en juicio de partición incoados ante un Juez Árbitro, nombrado por el Tercer Juzgado […]

El primero de los preceptos legales cuya aplicación se impugna dispone: «Si un candidato a Diputado o Senador fallece entre las cero horas del octavo día anterior a la elección y el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones proclame a los elegidos, no podrá ser reemplazado, y los votos que obtenga se entenderán […]

«no es función de esta jurisdicción constitucional aclarar el sentido que tienen determinados preceptos, dado que esto último importa «una cuestión de legalidad cuya resolución es propia de los jueces de fondo» (sentencias Roles N° 522, 1214, 2107 y 2353), conflicto que no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional».

«condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente. La explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada.»