Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 del Decreto Ley Nº 3.063, que establece normas sobre rentas municipales, con incidencia en un reclamo de ilegalidad radicado ante la Corte Suprema en sede de un recurso de casación en el fondo.

La consideró constitucional en el entendido de que no priva, en caso alguno, a las partes del derecho a hacer uso de las acciones y vías de impugnación que tienen su fuente en la Carta Fundamental respecto de la decisión del panel de expertos acerca de la indemnización a que se refiere el precepto, incluido el recurso de queja.

Los Ministros Fernández Baeza y Venegas, si bien concurren a declarar constitucional el proyecto de ley, formulan una prevención que incide varios tres aspectos.

El requerimiento se funda en que las disposiciones objetadas solo otorgan carácter informativo a la audiencia que se debe dar al deudor en relación a la solicitud de quiebra y privan a éste de su derecho a defensa, al impedirle hacer alegaciones y promover algún incidente.

Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 de la citada legislación, en relación a un reclamo de ilegalidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Ministro Fernández Baeza estuvo por declarar admisible el requerimiento y ordenar la suspensión del procedimiento en el que incide.

La requirente señala que debió realizar múltiples trabajos sanitarios que son los que originan los cobros que la Municipalidad le formula y que ésta fijó en una Ordenanza Municipal que dictó al amparo del precepto legal que impugna.

Al declarar inadmisible el requerimiento el TC que reiteró que debe verificar el cumplimiento, entre otras exigencias, de aquella según la cual la norma legal impugnada pueda tener incidencia decisiva en la resolución de la gestión judicial pendiente de que se trata.

También desestimó la imputación de que el senador “incitó a la alteración del orden público, tanto de las personas que se encontraban con él en la Plaza Italia como de los que, a través de la televisión, pudieron verlo participando en un acto ilegal”.

La Cámara de Diputados sometió a control obligatorio el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto de los habitantes de la localidad de Chaitén en las elecciones municipales 2008.