Tampoco puede considerarse como razonablemente fundado un requerimiento –agrega el TC- “si resultan ininteligibles tanto la exposición de los hechos como la explicación acerca del conflicto de constitucionalidad que, a juicio del actor, provocan las normas legales que impugna”.

En sede de un juicio ordinario laboral la Corte de Apelaciones de Talca solicitó “pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad en razón de inconstitucionalidad” del Reglamento sobre Evaluación Docente, aprobado por D.S. Nº 192, de 30 de agosto de 2004, del Ministerio de Educación, así como de la Resolución Exenta Nº 5.639, de 30 de junio de 2005, de la misma Secretaría de Estado.

En síntesis, constituye una barrera injustificada y carente de razonabilidad al derecho de acceso a la justicia, que forma parte de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y del derecho a defensa en un procedimiento racional y justo, que consagra la Carta Fundamental (art. 19 Nº 3).

Se planteó que el precepto legal impugnado vulneraba el artículo 19 Nº 3 de la Constitución al no describir de modo expreso y completo la conducta punible.

En fallo dividido TC declaró inconstitucional norma que establecía una excepción a la inhabilidad prevista en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE) que iba a favorecer al personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El requirente señala que el fiscal se niega a formalizar una investigación iniciada por querella del ofendido, lo que sólo podría hacer cuando previamente no se hubiere producido la intervención del juez.

Los Ministros Fernández Baeza y Venegas estuvieron por aplicar en este caso lo preceptuado en el artículo 39, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41, ambos de la LOC del Tribunal Constitucional, en el sentido de otorgar plazo para subsanar los defectos de la acción o completar los antecedentes que hubieren sido omitidos.

El requerimiento fue desestimado por el TC razonando que para que la aplicación del precepto legal sea contraria a la Constitución, es menester que ella sea el antecedente directo del efecto o consecuencia inconstitucional.

La forma de actuar de un servicio público no satisface –dice el TC- las exigencias mínimas de un racional y justo procedimiento…

Con incidencia en un juicio civil de nulidad de contrato y reivindicación, se solicitó declarar la inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.