El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, que rechazó con costas la reclamación de multa impetrada.

El Tribunal estableció que el actuar de la demandada constituye un atentado a la libertad sindical de los trabajadores, por lo que la condenó al pago de una multa equivalente a 100 UTM, en beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Tribunal estableció que en la especie, no se encuentra probada la necesidad “urgente e imperiosa” de despedir a las trabajadoras, debido a la baja en las ventas y el cierre de locales.

El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa Sociedad Espectáculos Dos Providencias Limitada, por la falta de medidas para proteger la vida y salud de sus dependientes en su lugar de trabajo.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio especial dirigido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la que no contiene interpretación alguna sobre la materia de derecho que se busca unificar.

El Tribunal estableció que la demandada Cines e Inversiones Cineplex Limitada, no justificó la causal de necesidades de la empresa esgrimida en la carta de despido del trabajador.

El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.

El máximo Tribunal consideró que el fallo impugnado, dictado por la Corte de Apelaciones de La Serena, contiene la posición jurisprudencial adecuada a la materia, por lo que es necesario uniformar criterios dispares.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio, tras establecer que la decisión impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, no se pronuncia sobre alguna materia de derecho susceptible de contraste.

La Corte estimó que, a partir del contenido de las obligaciones contractuales del cargo del trabajador, resultó indudable colegir que el cargo correspondía a uno de alta gerencia a nivel administrativo, con carácter directivo regional y dotado de facultades que podían comprometer seriamente los intereses e imagen corporativa de su representada (la empresa).